Concurso de acreedores: el procedimiento especial de microempresas
Por Alejandro Hernández del Castillo, abogado y socio del despacho
Artículo publicado originalmente en DiarioSur
Son muy numerosas y prolongadas en el tiempo las opiniones en los medios acerca de la conocida Torre del Puerto, en el sentido de si gusta más o menos o si rompe o no el horizonte, pero todas ellas, tanto las que se pronuncian a favor como en contra, siendo respetables, también son subjetivas.
Cuando cualquier ciudadano o entidad inicia una tramitación ante la Administración, esta debe actuar siempre conforme a derecho, como no puede ser de otra manera, y si así no lo hiciere para ello están los juzgados y tribunales contenciosos a los que cualquier persona con interés legítimo puede acudir. Pero esa legitimación solo puede venir del respeto al derecho, y este no es solo sustantivo, sino también formal, lo que significa que hay que respetar también las reglas de juego que rigen el procedimiento, pues sería extraño que cada cual impusiese sus propias normas sobre las legalmente establecidas en base a sus propios gustos, opiniones o intereses particulares.
Es importante dar a todos las mismas oportunidades y por ello ya hubo un trámite de competencia de proyectos, que significa que cualquier interesado que tenga un proyecto alternativo puede libremente competir defendiéndolo dentro del plazo establecido al efecto. Se seleccionó el de mayor interés portuario atendiendo al fin común perseguido por la Autoridad Portuaria de acuerdo con la Administración municipal, cual es la interacción puerto – ciudad: el puerto es cada vez más ciudad, y la ciudad se siente cada vez más identificada con su puerto. La Autoridad Portuaria facilita el espacio público, que lo seguirá siendo, y según la ley son los empresarios privados quienes deben construir y financiar sobre el dominio público, de modo que a la Autoridad Portuaria le compete sólo la gestión del mismo atendiendo a criterios de eficiencia y rentabilidad, tal y como ha hecho hasta ahora mientras un Tribunal no diga lo contrario. Y así debe ser según los principios de legalidad y seguridad jurídica que proclama la Constitución. Lo que no cabe es intentar deformar la realidad para conseguir objetivos no identificables con la legalidad.
Claro que quienes acrediten un interés legítimo tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos a través de los cauces habilitados, pero entre estos no se encuentran instituciones ajenas a la tramitación administrativa como una consulta popular a modo de referéndum u otras que sucumben a manipulaciones no admisibles en un Estado de derecho. Nada más y nada menos que tres Administraciones controlan la legalidad y, además, cualquier perjudicado cuenta con el respaldo del Poder Judicial con los tribunales contenciosos al frente, pese a que algunos hayan errado acudiendo a vías inapropiadas (recuérdese que, ante una denuncia infundada, la Fiscalía decidió prontamente el archivo de diligencias informativas incoadas por la tramitación medioambiental). El fin no justifica los medios ni cabe utilizar cualquier resorte sin enfocar adecuadamente el asunto. ¿Cuál va a ser el siguiente paso: se van a querellar contra todo el Consejo de Ministros si este da su autorización? No parece posible cuando la Administración decide con base en el cumplimiento más estricto de la legalidad vigente.
Una cosa son las normas, que dicen lo que dicen, y otra las interpretaciones y opiniones sobre las mismas. Nada que objetar, obviamente, a la libertad de expresión y a manifestar una opinión libre, pero extraña sobremanera que se produzcan interpretaciones y opiniones absolutamente interesadas y que, bajo la aparente cobertura de defensa del interés de la ciudadanía, arrogándose un patrimonio que no les es propio, se encubran otros intereses que pueden no ser tan confesables. Todos sin distinción debemos respetar las normas y ejercer nuestros derechos ante cualquier instancia en la seguridad de que no nos puede deparar perjuicio alguno. Faltaría más, pues si no, los ciudadanos estaríamos coartados en el ejercicio de nuestros derechos y libertades.
Estamos ante una interpretación entre lo público y lo privado que trasciende cualquier interés especulativo, coadyuvando a satisfacer intereses generales que, desde luego, no tienen por qué coincidir con la suma aritmética de quienes han expresado públicamente su opinión. Dejemos actuar a las instituciones en la confianza de que lo harán conforme a derecho, y si no lo hiciesen, que cada cual, respetando las reglas de juego, ponga en práctica su defensa impetrando el auxilio de los tribunales. No podemos admitir la imposición de reglas a medida por quienes, carentes de mejores proyectos, no van a ninguna parte.
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