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En los últimos años, Colombia ha estado reformando su ley, implementando políticas económicas con miras a evolucionar económica y socialmente, suscribiendo acuerdos comerciales con distintos países y dando ventajas fiscales a inversores extranjeros.
Una de esas ventajas es el llamado Contrato de Estabilidad Jurídica. Esta ley permite a los inversores extranjeros “blindarse” frente a futuros cambios de leyes o normas que puedan afectar a su negocio. Siempre existe una gran parte de la decisión en invertir o no, fuera del propio país, influida por los beneficios fiscales y las oportunidades de negocio que el país que recibe la inversión pueda ofrecer.
El inversor señala explícitamente, y de forma muy detallada, qué normas y leyes les benefician y les resultan determinantes para suscribir el acuerdo de inversión. El Estado colombiano se compromete a no cambiar esas leyes o normas o, en caso de actualización o cambio de las mismas, mantener la aplicación de dichas normas al inversor extranjero durante toda la duración del contrato de inversión.
Las modificaciones de las que habla el Contrato de Estabilidad Jurídica se refieren a cambios en el texto de la norma, bien sea a través de un cambio directo en las leyes, en un acto administrativo de orden nacional, o en una interpretación realizada por la autoridad administrativa competente.
Para comenzar a tramitar la firma de este Contrato de Estabilidad Jurídica, el inversor necesita respaldar su solicitud con documentos que demuestren el origen de los recursos de la inversión, una descripción de la actividad y los estudios técnicos y de factibilidad pertinentes.
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