El socio de GVA Gómez-Villares & Atencia explica en una entrevista publicada en Diario Sur que las sentencias del Supremo no deben suponer un bloqueo para el sector de la construcción
El Tribunal Supremo anuló días atrás el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella aprobado en 2010. Para valorar las sentencias que hicieron efectiva esta anulación y sus consecuencias, Diario SUR ha convocado una mesa de expertos con el socio de GVA Gómez-Villares & Atencia Hipólito Marín entre los representados. Todos coincidieron en señalar que las sentencias del Supremo que anulan el PGOU no debe suponer un bloqueo para el sector de la construcción.
Para Hipólito Marín, “lo que dice la sentencia es algo muy importante, que nadie está por encima de la ley, ni los ciudadanos ni los poderes públicos. No tener presente la ley cuando se realizan actuaciones públicas es lo más dañino para los ciudadanos”. El socio de GVA Gómez-Villares & Atencia explica que, como consecuencias más importantes, las sentencias declaran nulo el Plan General de 2010, con lo cual todo lo que se ha edificado con amparo en ese plan queda sin ordenación, aunque matiza que no es el primer Plan General que se declara nulo. La jurisprudencia dice que la nulidad del Plan no arrastra a la nulidad de todo lo que se ha dictado a su amparo. El principio general en esta materia es que lo que es nulo es el Plan, no las licencias de obra y de primera ocupación dictadas a su amparo.
¿Cuáles son los instrumentos a los que el Ayuntamiento podría recurrir para ir más allá de los estrechos márgenes que plantea el desarrollo del Plan de 1986? Para Marín, la situación actual de incertidumbre desaparecerá tan pronto como el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se pongan en marcha. En su opinión, “no pasa nada porque el Ayuntamiento y la Junta hagan aprobaciones rápidas como avance del futuro Plan de todo aquello que no tiene reproche de ilegalidad por parte del Tribunal Supremo. Con eso se ganará muchísima seguridad jurídica”
Marín explica que SUR que lo más urgente es que se diseñe un sistema para dar respuesta inmediata a las consultas que puedan surgir para que desaparezca la incertidumbre. “No soy partidario de las respuestas generales porque el problema no es general. El problema es caso a caso, y debe haber una respuesta caso a caso”, concluye el socio de GVA Gómez-Villares & Atencia.
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