Pablo Atencia
El 6 de septiembre pasado se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que persigue varios objetivos básicos:
1. Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, de forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia».
2. Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
3. Garantizar un control financiero y presupuestario mas riguroso
4. Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.
La reestructuración de las administraciones públicas es imprescindible para adecuar su coste y para que el ciudadano reciba mejores servicios a través de una sola Administración, sin perjuicio de que entre las diferentes administraciones, empresas públicas y demás entes, se lleve a efecto una distribución racional y equitativa de competencias con el fin de ofrecernos el mejor servicio posible con el menor coste. Todo lo que avancemos en ese sentido permitirá disponer de más recursos a los ciudadanos, para generar riqueza y consumo, y a las administraciones públicas, para inversiones productivas, políticas sociales e incentivos a la economía real. Debemos instaurar una gestión austera y eficiente de los recursos públicos, y alejados de medidas populistas que busquen réditos electorales inmediatos, pero perniciosos para la economía real. No obstante lo anterior, considero que seguimos pendientes de una segunda descentralización de la administración autonómica a favor de la local que, además de acercarla más al ciudadano, devaluaría a los nacionalismos excluyentes.
Este artículo fue publicado el pasado 28 de septiembre en el periódico La Opinión de Málaga.
